Ya están libres los compas
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Mega operativo en el d.f. trata de impedir el paso a una marcha en defensa de San Juan Copala convocada por los desplazados del plantón d.f., municipio autónomo
Mítin en el Zócalo de Oaxaca (1 de mayo) donde habló uno de los sobrevivientes
Represión del GDF a manifestación que exigía la aparición con vida de los sobrevivientes del ataque del MULT-UBISORT contra la 1a caravana humanitaria que llevaría víveres a San Juan Copala, en la cual murió el activista de la Otra Campaña Jiry Jaakola y la integrante mixteca del colectivo CACTUS Beatriz Alberta Cariño Trujillo
Arresta gobierno de Oaxaca a 24 desplazados de San Juan Copala
La policía de Oaxaca arrestó a la vocera del Municipio Autónomo de San Juan Copala y representante de un grupo de 54 desplazados de San Juan Copala, Reyna Martínez Flores y a David Venegas así como a 22 indígenas triquis más, cuando pretendían ingresar a una bodega -al parecer propiedad de un funcionario del gobierno de Gabino Cué- donde pretendían reubicarse, luego de que optaran retomar su plantón frente a la sede del Palacio de Gobierno.
David Venegas, informó que los habitantes de la colonia “La Fundición”, les habrían pedido el apoyo a diversas organizaciones sociales para recuperar un predio en inmediaciones de esa colonia, debido a que el mismo se encuentra en litigio desde hace más de 10 años.
Abundó que al encontrarse en dicho predio, se apersonaron integrantes de la familia Maza Sánchez, quienes a decir del propio “Alebrije”, de manera agresiva les pidieron se salieran de ese predio, “nosotros le dijimos que sí nos saldríamos siempre y cuando nos mostraran sus escrituras, pero nunca mostraron el título de propiedad, puesto que el predio se encuentra en litigio.
Por lo anterior, los integrantes de la familia Maza Sánchez se retiraron del lugar, para después de aproximadamente 30 minutos regresar con la policía municipal, quien detuvo a los desplazados de San Juan Copala y a David Venegas.
En tanto, los desplazados de San Juan Copala, en su momento habrían advertido el incumplimiento del gobernador Gabino Cué Monteagudo a las medidas cautelares y recomendaciones dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para permitir su regreso a su comunidad de origen de donde fueron expulsados en septiembre del año pasado a punta de metralla por más de 1,200 hombres fuertemente armados del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT).
La Coordinación de Seguridad y Tránsito Municipal a cargo Rubén Oyavirde, indicó que la detención de los implicados ocurrió en fragancia y a petición de Manuel Maza Sánchez, Director del Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC), supuesto del predio.
Cabe recordar que los desplazados de San Juan Copala habrían sido retirados a un hotel por autoridades estatales y esperaban que la Procuraduría de Justicia oaxaqueña hiciera valer las ordenes de aprehensión que existen contra unos 10 implicados en al asesinato de unos 27 activistas del Municipio Autónomo de San Juan Copala.
Reyna Martínez quien se encontró en los separos de la policía municipal y es vocera de los desplazados, aclaró en su momento que mientras no haya justicia y castigo a los responsables de los crímenes de sus familiares no desistirán de sus protestas ni regresarán a su comunidad de origen.
“Nosotros le habríamos dado un plazo de 10 días a las autoridades para que atendieran nuestros reclamos y sólo han existido promesas, engaños y justificaciones relacionadas a que no pueden ingresar al territorio Triqui porque hay gente armada del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT)”, pero ellos son gobierno y si tuvieran la voluntad buscarían la formar de ingresar a la zona, ya sea sólo Gabino o el Procurador para detener a los criminales que ahora se escudan bajo las siglas y protección del grupo paramilitar Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT)”.
Reconoció que hubo una mesa de atención donde acudieron representantes de la misma CIDH y de la Comisión de Derechos Humanos y donde que evidenciado la omisión oficial a las medidas cautelares.
Indicó que única condición que se ha solicitado para lograr el regreso de los 54 desplazados está relacionada con las condiciones de seguridad de las víctimas.
“Si no hacen la justicia no podemos regresar porque los asesinos de nuestros familiares andan sueltos. El gobierno de Gabino Cué insiste en enviarnos de regreso pero nos quiere mandar a la boca de lobo”.
Martínez argumenta que se trabajó de lado de la justicia para identificar a los responsables de los crímenes pero no han logrado captúralos “y nosotros tenemos miedo, porque los homicidas saben que los hemos delatado”.
Entre los implicado con orden de aprensión denuncio a Antonio Cruz García, Julio Cesar Ortiz Morales y Daniel Martínez López y siete más, quienes incluso han ordenado expropiar las viviendas de las desplazados.
Reyna Martínez, indica que el regreso al plantón, es sólo una muestra de protesta, porque “el gobierno nos quiere tener escondidos, ofreciendo hospedaje en un hotel, para decir que todo está solucionado.”
A las 18:20 horas de este domingo, los detenidos fueron liberados debido a una mesa de negociación entre los detenidos y funcionarios de alto nivel del gobierno del estado.
Cabe señalar que los liberados aceptaron que no pagaron ninguna fianza para obtener su libertad.
En tanto el gobierno estatal, informó que se mantienen las pláticas y continúa el seguimiento a los planteamientos formulados por los beneficiarios de medidas cautelares de la zona de San Juan Copala.
En este análisis participan además de los representantes de los desplazados con las medidas cautelares, otras instancias tanto internacionales, federales y estatales ocupados en el tema quienes dan seguimiento a los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo.
Se informa que también existen programadas reuniones sobre temas específicos, con fechas establecidas para desahogarse en la primera quincena del mes de octubre con el compromiso por las partes, incluidos los propios beneficiarios de las medidas cautelares, de recabar información adicional sobre puntos concretos.
Finalmente, los integrantes de diversas organizaciones se trasladaron hacia el cuartel de la Policía Estatal, ubicada en el municipio conurbado de San Bartolo Coyotepec, en donde se presume habría más detenidos por este mismo caso.
MULT-PUP es el único motivo por el cual los desplazados de San Juan Copala no pueden regresar a su comunidad
Marcos Albino Ortiz, vocero del Municipio Autónomo de San Juan Copala, denunció que dos mil 90 indígenas triquis están próximos a ser desplazados por el grupo paramilitar Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), base del Partido Unidad Popular (PUP) y de la Asamblea de Pueblos Indígenas (API) y son “los indígenas triquis que pertenecen a las comunidades que apoyan al Municipio Autónomo de San Juan Copala, tales como Santa Cruz Tilapa, Guadalupe Tilapa, Agua Fría, Paraje Pérez, Yosoyuxi”.
Albino Ortiz, aseguró que ahora ha desparecido la estructura de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) tras la detención de su líder Rufino Juárez Hernández y que este grupo es utilizada por el MULT para atacar a la comunidades, “la única amenaza que tenemos en la región es el MULT, ya que la UBISORT prácticamente, tras la detención de su dirigente, ya no existe en la región. UBISORT ya no existe, lo ocupa el MULT para hostigar comunidades porque su nombre ya está manchado”, afirmó.
El vocero del Municipio Autónomo de San Juan Copala también lamentó que del total de órdenes de aprehensión, (aproximadamente diez), sólo se ha ejecutado un par de ellas, la de Valerio Celestino Pérez y la del líder de UBISORT, Rufino Juárez Hernández, no así a otros señalados de asesinar al menos 27 personas del Municipio Autónomo de San Juan Copala, “Solo han sido detenidas un par de personas y existen varias órdenes de aprehensión pendientes pero nos dicen que no las han podido ejecutar porque por la misma seguridad, no pueden entrar a la zona, entonces hay varios que siguen libres”.
MULT-PUP, grupo de poder dentro del gobierno de Gabino Cué detrás de la detención de los desplazados de San Juan Copala
Los desplazados de San Juan Copala fueron liberados minutos después de la cinco de la tarde del día de ayer luego de ser detenidos por la policía municipal de Oaxaca cuando estaban colocando su módulo de denuncia en un predio que tiene fincada una bodega con dirección en la calzada Valerio Trujano número 1320 de la colonia ampliación San Juanito ubicado entre los límites con San Martín Mexicapam cerca de La Fundición cuya propiedad el director del Instituto de Protección Civil, Manuel Masa Sánchez, no pudo probar, señaló el abogado del APPO, Gilberto Hernández Santiago.
La aprehensión de los 24 desplazados de San Juan Copala, ayer domingo, careció de todo sustento jurídico y legal, “lo grave es que estuvieron incomunicados todo el tiempo en el cuartel de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, lo que representa una violación a las garantías constitucional y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República”, señaló.
Entre de los apresados se encontraban la vocera del Municipio Autónomo de San Juan Copala, Reyna Martínez Flores y otras cinco mujeres triquis más que tienen a su favor medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “aun así no permitieron a sus abogados entrar en contacto con ellos”.
“Lo que hubo aquí fue un abuso de las autoridades municipales, avalado por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, que hemos visto que a diez meses de su gobierno se han venido dando una tras otra violaciones flagrantes a las garantías individuales, de represión lo que es lo mismo que se venía viviendo en el gobierno del asesino Ulises Ruiz Ortiz”, remarcó Hernández Santiago.
“Los grupos de facto que hay dentro del gobierno de Gabino Cué hace que continúe la violencia, la represión, la falta de empleo, no hay trabajo, no hay circulante, no hay inversión por lo que la problemática social que hay cada día es peor”, agregó el abogado.
En cuanto al desalojo que hizo la policía municipal de la ocupación que hicieron de un predio baldío en la agencia municipal de San Martín Mexicapan, diversas organizaciones entre estas los del Municipio Autónomo de San Juan Copala que se encuentran exiliados en la ciudad de Oaxaca luego de haber sido expulsados de su comunidad por los grupos paramilitares Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) en septiembre del año pasado, el abogado de la APPO, explicó:
Esto se debe a que existen grupos de poder dentro del gobierno de Gabino Cué Monteagudo como es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Partido Unidad Popular (MULT-PUP), que vieron la ocasión de arremeter contra sus adversarios que son los del Municipio Autónomo de San Juan Copala.
La ex candidata a la gubernatura del MULT-PUP en los comicios de julio pasado, María de los Ángeles Abad Santibáñez, fue nombrada vocera del gobernador Gabino Cué; asimismo esta organización recibió un financiamiento gubernamental de más de 110 millones de pesos en el pasado mes de julio y tiene a sus principales líderes trabajando en el equipo de trabajo del gobernador Gabino Cué como es el caso del licenciado Sergio Cruz Ruiz, quien desempeña en la Secretaría General de Gobierno (Segegob) a las órdenes del Secretario Particular y el antropólogo Gerardo Garfías Ruiz, quien es asesor del mismo gobernador.
Asimismo, Gilberto Hernández Santiago, aclaró que de ninguna manera intervino la Comisionada del Ejecutivo para la defensa de los derechos humanos, Eréndida Cruzvillegas, ya que ésta “ha sido un aval de los actos arbitrarios cometidos por el gobierno para el cual trabaja, ya que ella depende directamente de la gubernatura de Oaxaca por lo que su función ha sido la de hacer una defensa a modo de los derechos humanos para justificar los actos arbitrarios.
La libertad de los detenidos se obtuvo mediante un amparo que se tramitó ante el Juzgado Segundo de Distrito, cuya actuaria constató que estaban incomunicados lo que se demostró el abuso de autoridad por lo que están en posibilidad de demandar penalmente a todas las autoridades implicadas en el desalojo y posterior encarcelamiento de los desplazados triquis y de otras organizaciones sociales, comentó el asesor jurídico de la APPO.
Asimismo se realizaron diversos actos de protesta en otras puntos del país y aquí, ya que se bloqueó la calle de Morelos en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, vialidad que conduce al cuartel de la policía municipal.
Señaló que las autoridades del gobierno federal, estatal y municipal mantienen los mismos procedimientos represivos de las administraciones de 1968, por lo que no es de extrañar que en una fecha como el 2 de octubre se hay realizado un acto más de represión, ya que es un trato sistémico el que da la clase en el poder a los sectores más desprotegidos de la sociedad, por lo que mantienen la bota en la cabeza de la población más desprotegida para poderla controlarla, finalizó.
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