Mich/Méx. Violacione
Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Mtro. Leonel Godoy Rangel Mtro. Fidel Calderón Torreblanca
Gobernador del Estado de Michoacán Secretario de Gobierno
M. en D. Fernando Arreola Vega
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo
Lic. Miguel Garcia Hurtado Lic. Víctor Manuel Serrato Lozano
PGJ de Michoacan Presidente de la CDH Morelia
Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la CNDH
Alberto Brunori
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la CIDH Alta Comisionada de la ONU
Núm. de referencia: 181209-OCIP-RFM/Mich
H. Puebla de Zaragoza a 18 de diciembre de 2009.
Puebla, México
La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), con domicilio para recibir información en Avenida Reforma 1516, despacho 4, Centro Histórico de Puebla, con correo: contacto@reddh.org y celular: 044 (45) 2221276839, solicita su intervención ante la grave situación de violaciones a derechos humanos en contra de comuneros de Uruapilla, integrantes de la Organización Campesina, Indígena y Popular “Ricardo Flores Magón”, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCIP-FNLS).
Contexto
De acuerdo a los comuneros integrantes de la Organización Campesina Indígena y Popular Ricardo Flores Magón (OCIP-RFM), del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo(FNLS), exponen a continuación los hechos ocurridos en la en la Comunidad Tabiquera La Loma de Uruapilla, municipio de Morelia, Michoacán:
HECHOS
El 14 de diciembre del 2009 a las 09:00 horas fue ocupada la comunidad de Uruapilla, por 500 elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y de la Policía Judicial del Estado (PJE), llegaron a la comunidad en 50 patrullas de esta corporación (los números que se pudieron anotar corresponden a las patrullas 691,355, 394 y 672 de la Secretaria de Seguridad Pública), portaban chalecos antibalas y armas largas, amenazando a los comuneros, los desalojaron de su fuente de trabajo (galeras donde producen tabique para construcción), recurriendo a la violencia física y verbal, llevaron a un grupo de trabajadores para comenzar a construir muros, cercando las fuentes de trabajo (área ocupada por 18 galeras) e impidiendo por medio de la violencia el paso de los comuneros a sus galeras.
Con maquinaria pesada comenzaron, por instrucciones de los elementos policíacos, a cavar zanjas y a construir bardas.
La presencia de la seguridad pública fomenta la inseguridad de la población, la agresión física, la posibilidad de casos de detención y desaparición forzada.
A consecuencia de todo ello la población padece hambre, temor, traumas psíquicos y daños físicos por tortura.
ANTECEDENTES
Los comuneros desde el año 2002 han hecho la defensa legítima de 97 hectáreas de tierra, a consecuencia de ello han sido objeto de diversas medidas represivas, en estos hechos siempre han intervenido cuerpos policíacos y funcionarios de Gobierno del Estado y federal.
En enero del 2005 catorce comuneros, entre ellos una mujer, fueron detenidos y encarcelados injustamente, las autoridades estatales y federales violaron preceptos jurídicos y constitucionales.
En diciembre de 2007 fueron destruidas tres casas de comuneros con maquinaria pesada, las familias se encontraban adentro.
En mayo de 2008 fue detenido-desaparecido temporalmente y torturado el comunero Moisés Molina Rodríguez, en malas condiciones es liberado.
En junio de 2008 el comunero José Reyes Aguilar es agredido con arma de fuego por elementos de la Policía Judicial del Estado (PJE), quienes intentaban sin órdenes de aprehensión llevarse a su esposa, a consecuencia de esta agresión pierde su pierna izquierda.
El 4 de julio de 2008 es detenido-desaparecido temporalmente y torturado por 17 horas el comunero y responsable de la Comisión Jurídica de la organización citada Avenicio Reina Cruz quien fue amenazado de muerte si continuaba con la lucha y defensa de la tierras.
Se han hecho denuncias por estos hechos ante la PROCURADURIA del Estado, no hay avances, sólo recibimos como respuesta denegación y malos tratos de los funcionarios.
Ante el gobierno del estado se han entablado mesas de negociación y no hay avances respeto a estos hechos, pese a que estamos en diálogo se presentan los elementos policíacos y retiran con violencia a nuestros compañeros de sus fuentes de trabajo.
Los responsables de estás acciones en complicidad con los cuerpos policíacos de Seguridad Publica mencionados son los grupos empresariales conocidos como La Organización Ramírez y los Medina, sociedades empresariales radicadas en el Estado de Michoacán, así como los empleados a su servicio el Lic. Guadalupe Guía Carreón, y el funcionario del tribunal Agrio No 36 Vicente Marín Gallegos, ambos responsables de la detención-desaparición temporal de Avenicio Reina Cruz.
Ante los hechos mencionados pretenden a toda costa y a cualquier precio despojar a 22 familias de sus tierras y de su fuente de trabajo, para construir centros comerciales, sin importarles el sufrimiento de las 22 familias, ni la destrucción de la zona boscosa, ni la contaminación de yacimientos de agua, por lo que están cometiendo un atentado contra la sociedad y el medio ambiente.
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES y FEDERALES
Por su parte las autoridades del Gobierno del Estado son cómplices de los hechos, ante su silencio y negación de resolver el conflicto, se le ha hablado al Lic. Armando Hurtado (Subsecretario de Gobierno del Estado) y Francisco Zamudio (Subdirector de Gobernación), para que retiren los elementos policíacos y dejen trabajar a los comuneros en su fuente de trabajo, y no responden, evaden responsabilidades e ignoran nuestra petición.
La actitud del gobierno estatal, cuyo titular es el Maestro Leonel Godoy Rangel es de total indiferencia ante nuestras demandas y denuncias con reiteradas promesas de establecer mesas de negociación que nunca cumple. El pasado 24 de junio del presente año, se tuvo una audiencia con el gobernador para ver los asuntos agrarios, dijo estar muy interesado en resolver el asunto de Uruapilla, que estaba en la mejor disposición de solucionar el conflicto. No creemos que está sea su respuesta, dejar en la indefensión a 22 familias, sin trabajo ni techo donde habitar.
La actitud del Tribunal Agrario número 36 es de complicidad, negligencia y burocratismo ante nuestras demandas de justicia agraria, porque han dejado en la indefensión jurídica a las 22 familias, legitimas posesionarias de las 97 hectáreas en litigio.
SOLICITAMOS:
Consideramos que los derechos violados de las 22 familias de la comunidad de Uruapilla son los establecidos en los artículos 14 y 16 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, 5, 12,17, 22, 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
A los organismos defensores de los derechos humanos, en virtud de lo expuesto solicitamos el desempeño de sus buenos oficios ante el C. Presidente de la República Lic.. Felipe Calderón Hinojosa y C. Maestro Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, para que:
Cese el desalojo de los comuneros de Uruapilla (Comunidad tabiquera la loma).
Salida inmediata de los Grupos de Operaciones Especiales (GOEs) de la comunidad.
Solución inmediata y reconocimiento a la legítima posición de las 97 hectáreas de las 22 familias de Uruapilla.
Restitución inmediata de las galeras para producir tabique a los 22 trabajadores de Uruapilla.
Responsabilizamos al gobierno estatal y federal de la integridad física y psicológica de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Michoacán y cualquier hecho que se suscite..
A las organizaciones democráticas e independientes solicitamos su solidaridad para denunciar este hecho, y estén pendientes de lo que pueda suceder con nuestra organización.
Es de destacar que la participación de organizaciones sociales tiene un papel protagónico en el fortalecimiento de la vida democrática del país. Por lo que resulta preocupante que la información enviada por la Organización Campesina, Indígena y Popular “Ricardo Flores Magón” (OCIP-RFM) muestra la parcialización de los funcionarios responsables en brindar procuración de justicia, así como actos intimidatorios sistemáticos en contra de la población que habita y trabaja en Uruapilla. Con lo cual, lejos de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Estado de Michoacán, se ahonda y promueve la corrupción e impunidad.
Por lo anterior, la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) solicita:
1. Urgir al Gobierno del Estado y autoridades correspondientes a tomar medidas cautelares para la protección de los integrantes de la Organización Campesina, Indígena y Popular “Ricardo Flores Magón” (OCIP-RFM).
2. El cese de hostigamientos, amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que menoscabe la dignidad humana de los integrantes y coordinadores de la Organización Campesina, Indígena y Popular “Ricardo Flores Magón” (OCIP-RFM).
3. Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, así como informar de manera oficial de los avances del proceso.
4. A la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como también a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, expresen su preocupación ante la gravedad de estos hechos.
Atentamente
Israel Sampedro Morales
Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH
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