México DF, 4 de octubre de 2009
A la comunidad universitaria de la UAM
A la comunidad universitaria de todo el país
Al pueblo de México:
La vergüenza del silencio.
El pasado miércoles 30 de septiembre el Estado mexicano ha lanzado un mensaje criminal en contra del pensamiento crítico y activo de la Universidad Pública y la respuesta sigue en espera. Nuestro compañero Ramsés Villarreal Gómez, estudiante de la carrera de sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana fue ilegalmente detenido –lo que reconoció el juez 15 de distrito de procesos penales federales Ranulfo Castillo Mendoza quien ordenó su liberación inmediata- y ridículamente acusado del delito de terrorismo.
Ramsés fue brutalmente secuestrado por la Policía Ministerial (antes AFI), bajándolo del microbús que lo transportaba a la Unidad Xochimilco de nuestra casa de estudios en un exagerado operativo con cerca de 30 agentes. Su rostro fue cubierto con una bolsa de plástico y envuelto con sabanas dejándolo en un completo y humillante estado de indefensión.
Ramsés, estudiante de excelencia, fue torturado durante horas dentro del vehículo en el que lo transportaban amenazándolo con que sería asesinado y que su cuerpo sería arrojando en un lugar donde jamás sería encontrado; fue amenazado con que su familia sería detenida y tratada del mismo modo como el que padecía en ese momento; fue amenazado con que su madre, su compañera y su sobrina de 2 años serían capturadas y violadas; fue torturado e intimidado durante horas como parte de una estrategia para debilitarlo y obligarlo a confesar y denunciar a otros jóvenes de haber realizado actos que no pueden demostrar simplemente porque no los cometieron.
Ramsés, fue puesto a disposición del Ministerio Público diez horas después de su secuestro y fue hasta ese momento en el que pudo comunicarse con su familia que ya tenía cuatro horas de angustia tratando de localizarlo. Mientras llegaba su familia y se conseguía a un abogado, el Ministerio Público presionaba para que Ramsés declarara e incluso se le ofreció protección si acusaba a otros jóvenes que él ni siquiera conocía. Por su parte, los medios de comunicación masiva, cómplices del Estado, lanzaban una campaña de desprestigio y condena en contra de nuestro compañero que se acentúo durante los dos siguientes días. Ante la falta de pruebas y en un acto desesperado por fabricarlas, el jueves 1º de octubre, la Policía Federal asaltó no solo el hogar de Ramsés, sino también la de sus padres, despojándolos de equipo de computo, dinero y pertenecías personales, de tal modo que además de la tortura y secuestro, se sumaron los delitos de robo y allanamiento a la lista de crímenes que perpetró el Estado.
El viernes 2 de octubre, estudiantes, profesores y trabajadores de la UAM, alarmados frente a esta clara injusticia exigieron el apoyo de las autoridades universitarias, mismo que no se ha manifestado. Sin embargo, el mutismo de las autoridades universitarias se contrastó en la marcha que por la tarde y a propósito de la conmemoración del mayor acto de represión cometido por el Estado mexicano en contra de los jóvenes y estudiantes críticos del que se tenga memoria en las últimas décadas, en el que individuos, colectivos y organizaciones sociales se solidarizaron con nuestro compañero y exigieron su inmediata liberación y castigo a los responsables de los crímenes cometidos en su contra.
Esa misma noche, gracias al extraordinario trabajo realizado por el colectivo de abogados zapatistas que tomaron el caso de Ramsés, y frente a la incapacidad del Ministerio Público de fabricar pruebas y a la ilegalidad de su detención un juez, consecuente con la ley, ordenó su inmediata liberación, sin embargo, las falsas acusaciones de las que ha sido sujeto Ramsés siguen vigentes al igual que decenas de luchadores sociales quienes se ven reprimidos con la amenaza de activar las ordenes de aprehensión que penden sobre sus cabezas si realizan actos críticos en contra de los malos gobiernos. Estrategia bastante conocida en el país.
Si bien aún hay largo camino para limpiar el nombre de Ramsés y castigar a los responsables de estos hechos, es posible hacer algunas reflexiones al respeto de lo sucedido: la impunidad sobre los derechos humanos que existen en el país; la crueldad con la que el Estado trata a los luchadores sociales, llenando de inocentes las cárceles que deberían estar ocupadas por los verdaderos criminales (muchos de ellos, políticos corruptos); la criminalización que se hace en este país en contra de sus jóvenes y estudiantes por el simple hecho de criticar abiertamente las malas prácticas de los distintos gobiernos; y en particular, el mutismo cómplice y vergonzoso de nuestras autoridades universitarias ante violaciones inaceptables que sufre los miembros de nuestra comunidad universitaria.
Al respecto de este último punto es imprescindible que la comunidad universitaria juzgue y condene la tibieza de las autoridades que actualmente conducen el destino de nuestra Universidad. Desde sus inicios la UAM, en su carácter de universidad pública, ha sido una institución preocupada por los grandes problemas del país, sus académicos, trabajadores y estudiantes han mostrado durante 35 años una responsabilidad ejemplar y activa para colaborar en los temas más urgentes y significativos de la vida nacional. Sus académicos permanentemente han diseñado e impulsado programas de investigación que generen soluciones a temas como los de la pobreza, las salud, el empleo y la defensa de recursos naturales, entre otros; sus trabajadores han creado una organización sindical independiente y solidaria de los movimientos sociales más justos que permanentemente defienden no solo los derechos de sus propios trabajadores sino también los de otros; y sus estudiantes han sido año con año reconocidos nacional e internacionalmente por su iniciativa, trabajo comunitario y su capacidad innovadora. El reconocimiento académico de la UAM la ha colocado, a pesar de los difíciles tiempos que ha pasado, como una de las mejores universidades del país con una contundente visión social.
Es por ello, que ante una flagrante violación de los derechos individuales y humanos que uno de sus miembros ha sufrido por parte del Estado, la respuesta inmediata del conjunto de la comunidad es la indignación. La obligación de toda la universidad es exigir el castigo a los responsables, y desde luego, la obligación de las autoridades es colaborar sin titubeos y con todos los recursos posibles con los que cuenta nuestra casa de estudios en defender la integridad física y moral de uno y de todos sus miembros. Esto, manifestado con apoyo legal, psicológico, informativo o político. Sin embargo, ante el caso de Ramsés la respuesta ha sido un vergonzoso silencio.
Una universidad de tanto prestigio como la nuestra requiere de autoridades de la altura del Dr. Ignacio Chávez quien, a pesar de ser un hombre vinculado al sistema político de su época, tuvo el valor y la ética necesaria para llamar a la defensa de las garantías universales y universitarias. Una universidad como la nuestra, con su corta pero profunda historia, requiere de autoridades con la capacidad de distinguir las condiciones de su tiempo y dejar constancia de la responsabilidad y valor de la universidad pública, una universidad como la nuestra requiere y merece autoridades que defiendan la generación del conocimiento crítico, participativo y comprometido con los grandes problemas del país como marca nuestra ley orgánica.
Sin embargo, esto no es así. El Dr. José Lema Labadie, actual rector de nuestra universidad, ha callado sobre las indignantes agresiones de las que ha y sigue siendo sujeto Ramsés. Al más puro estilo foxista de la penosa y criticada frase “¿y yo porqué?”, el Dr. Lema se convierte en un cómplice de estas vejaciones. ¿Qué garantías institucionales existen para que las investigaciones sociales o naturales que realizan nuestros académicos y estudiantes en territorios con conflictos sociales no desemboquen en crímenes contra nuestros miembros?, ¿Qué garantías institucionales existen para los investigadores y estudiantes que analizan un movimiento social contrario a los intereses de los sectores poderosos y privilegiados del país, no sean vinculados y en consecuencia criminalizados por sus intereses académicos?, ¿Qué garantías institucionales existen para que la participación crítica, directa y comprometida de cualquier miembro de nuestra comunidad universitaria sea respaldada por la confianza en la formación y pensamiento que se genera en nuestra universidad consecuente con las necesidades de nuestro tiempo?, ¿Qué garantías institucionales existen para que los defensores de los derechos individuales, humanos, laborales, comunitarios, de género y universitarios que pertenecen a nuestra universidad puedan realizar su labor amparadas por la vocación justa y pública que dio origen y sentido a nuestra casa de estudios?, ¿Qué garantías existen para que al interior de nuestra universidad las manifestaciones en defensa de estos mismos derechos no sean reprimidas con amenazas (como hoy pasa en la Unidad Iztapalapa) similares a las que realiza el Estado con los que critican sus políticas?
La respuesta a todas estas preguntas es la misma: el silencio no garantiza nada.
Por desgracia el mutismo institucional de nuestras actuales autoridades no es nuevo. El año pasado, Luis Eduardo Cisneros, también estudiante de la Unidad Xochimilco, fue secuestrado y asesinado por la policía municipal del Chalco, su cuerpo apareció semanas después en el mismo forense que fue buscado por primera vez de tal modo que por la descomposición de sus restos fue imposible determinar que la tortura fue la causa de su muerte, sin embargo, las declaraciones e indagatorias posteriores apuntan en ese sentido. Luis Eduardo, también mostraba una responsable inquietud sobre los problemas sociales y la respuesta del Estado ante su activismo fue su muerte. Hoy no ha habido castigo a los responsables y el respaldo de las autoridades de nuestra universidad a este caso se manifestó tres semanas después de que la comunidad exigió al rector una tibia declaración. ¿Cuánto tendremos que esperar en esta ocasión?
Contrario a la actitud pasiva del Dr. Lema, en otras ocasiones estudiantes de licenciatura o posgrado y académicos de nuestra universidad han sido reprimidos por el Estado, ya sea con secuestro o encarcelamiento y en dichos casos las autoridades de inmediato ha respondido, si bien no de una forma contundente, si por lo menos exigiendo las garantías de nuestros compañeros y profesores. Similarmente, en otras universidades hermanas como la UNAM, la respuesta ante la represión estatal no se han hecho esperar, por ejemplo, recientemente el Dr. Narro declaró públicamente, partiendo del principio universal de inocencia, que si el ministerio público tuviera pruebas en contra de Lucia Morett las mostrara. Y similar al caso de Ramsés, no existen tales pruebas.
En los próximos meses el Dr. Lema dejará la rectoría de nuestra universidad y frente al mensaje que ha mandado el Estado, no solo a nuestra universidad, sino a todas las universidades públicas del país, nos debemos preguntar si el cuerpo unipersonal o colegiado que rige o regirá nuestra casa de estudios debe estar compuesto por estadistas o por burócratas. El Estado ha mandado un mensaje y la respuesta de toda la comunidad universitaria incluyendo a sus autoridades aún está en espera.
Castigo a los responsables de los crímenes cometidos contra Ramsés Villareal
Libertad a todos los presos políticos
Ningún joven más criminalizado por pensar
Estudiantes de la UAM
A la comunidad universitaria de la UAM
A la comunidad universitaria de todo el país
Al pueblo de México:
La vergüenza del silencio.
El pasado miércoles 30 de septiembre el Estado mexicano ha lanzado un mensaje criminal en contra del pensamiento crítico y activo de la Universidad Pública y la respuesta sigue en espera. Nuestro compañero Ramsés Villarreal Gómez, estudiante de la carrera de sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana fue ilegalmente detenido –lo que reconoció el juez 15 de distrito de procesos penales federales Ranulfo Castillo Mendoza quien ordenó su liberación inmediata- y ridículamente acusado del delito de terrorismo.
Ramsés fue brutalmente secuestrado por la Policía Ministerial (antes AFI), bajándolo del microbús que lo transportaba a la Unidad Xochimilco de nuestra casa de estudios en un exagerado operativo con cerca de 30 agentes. Su rostro fue cubierto con una bolsa de plástico y envuelto con sabanas dejándolo en un completo y humillante estado de indefensión.
Ramsés, estudiante de excelencia, fue torturado durante horas dentro del vehículo en el que lo transportaban amenazándolo con que sería asesinado y que su cuerpo sería arrojando en un lugar donde jamás sería encontrado; fue amenazado con que su familia sería detenida y tratada del mismo modo como el que padecía en ese momento; fue amenazado con que su madre, su compañera y su sobrina de 2 años serían capturadas y violadas; fue torturado e intimidado durante horas como parte de una estrategia para debilitarlo y obligarlo a confesar y denunciar a otros jóvenes de haber realizado actos que no pueden demostrar simplemente porque no los cometieron.
Ramsés, fue puesto a disposición del Ministerio Público diez horas después de su secuestro y fue hasta ese momento en el que pudo comunicarse con su familia que ya tenía cuatro horas de angustia tratando de localizarlo. Mientras llegaba su familia y se conseguía a un abogado, el Ministerio Público presionaba para que Ramsés declarara e incluso se le ofreció protección si acusaba a otros jóvenes que él ni siquiera conocía. Por su parte, los medios de comunicación masiva, cómplices del Estado, lanzaban una campaña de desprestigio y condena en contra de nuestro compañero que se acentúo durante los dos siguientes días. Ante la falta de pruebas y en un acto desesperado por fabricarlas, el jueves 1º de octubre, la Policía Federal asaltó no solo el hogar de Ramsés, sino también la de sus padres, despojándolos de equipo de computo, dinero y pertenecías personales, de tal modo que además de la tortura y secuestro, se sumaron los delitos de robo y allanamiento a la lista de crímenes que perpetró el Estado.
El viernes 2 de octubre, estudiantes, profesores y trabajadores de la UAM, alarmados frente a esta clara injusticia exigieron el apoyo de las autoridades universitarias, mismo que no se ha manifestado. Sin embargo, el mutismo de las autoridades universitarias se contrastó en la marcha que por la tarde y a propósito de la conmemoración del mayor acto de represión cometido por el Estado mexicano en contra de los jóvenes y estudiantes críticos del que se tenga memoria en las últimas décadas, en el que individuos, colectivos y organizaciones sociales se solidarizaron con nuestro compañero y exigieron su inmediata liberación y castigo a los responsables de los crímenes cometidos en su contra.
Esa misma noche, gracias al extraordinario trabajo realizado por el colectivo de abogados zapatistas que tomaron el caso de Ramsés, y frente a la incapacidad del Ministerio Público de fabricar pruebas y a la ilegalidad de su detención un juez, consecuente con la ley, ordenó su inmediata liberación, sin embargo, las falsas acusaciones de las que ha sido sujeto Ramsés siguen vigentes al igual que decenas de luchadores sociales quienes se ven reprimidos con la amenaza de activar las ordenes de aprehensión que penden sobre sus cabezas si realizan actos críticos en contra de los malos gobiernos. Estrategia bastante conocida en el país.
Si bien aún hay largo camino para limpiar el nombre de Ramsés y castigar a los responsables de estos hechos, es posible hacer algunas reflexiones al respeto de lo sucedido: la impunidad sobre los derechos humanos que existen en el país; la crueldad con la que el Estado trata a los luchadores sociales, llenando de inocentes las cárceles que deberían estar ocupadas por los verdaderos criminales (muchos de ellos, políticos corruptos); la criminalización que se hace en este país en contra de sus jóvenes y estudiantes por el simple hecho de criticar abiertamente las malas prácticas de los distintos gobiernos; y en particular, el mutismo cómplice y vergonzoso de nuestras autoridades universitarias ante violaciones inaceptables que sufre los miembros de nuestra comunidad universitaria.
Al respecto de este último punto es imprescindible que la comunidad universitaria juzgue y condene la tibieza de las autoridades que actualmente conducen el destino de nuestra Universidad. Desde sus inicios la UAM, en su carácter de universidad pública, ha sido una institución preocupada por los grandes problemas del país, sus académicos, trabajadores y estudiantes han mostrado durante 35 años una responsabilidad ejemplar y activa para colaborar en los temas más urgentes y significativos de la vida nacional. Sus académicos permanentemente han diseñado e impulsado programas de investigación que generen soluciones a temas como los de la pobreza, las salud, el empleo y la defensa de recursos naturales, entre otros; sus trabajadores han creado una organización sindical independiente y solidaria de los movimientos sociales más justos que permanentemente defienden no solo los derechos de sus propios trabajadores sino también los de otros; y sus estudiantes han sido año con año reconocidos nacional e internacionalmente por su iniciativa, trabajo comunitario y su capacidad innovadora. El reconocimiento académico de la UAM la ha colocado, a pesar de los difíciles tiempos que ha pasado, como una de las mejores universidades del país con una contundente visión social.
Es por ello, que ante una flagrante violación de los derechos individuales y humanos que uno de sus miembros ha sufrido por parte del Estado, la respuesta inmediata del conjunto de la comunidad es la indignación. La obligación de toda la universidad es exigir el castigo a los responsables, y desde luego, la obligación de las autoridades es colaborar sin titubeos y con todos los recursos posibles con los que cuenta nuestra casa de estudios en defender la integridad física y moral de uno y de todos sus miembros. Esto, manifestado con apoyo legal, psicológico, informativo o político. Sin embargo, ante el caso de Ramsés la respuesta ha sido un vergonzoso silencio.
Una universidad de tanto prestigio como la nuestra requiere de autoridades de la altura del Dr. Ignacio Chávez quien, a pesar de ser un hombre vinculado al sistema político de su época, tuvo el valor y la ética necesaria para llamar a la defensa de las garantías universales y universitarias. Una universidad como la nuestra, con su corta pero profunda historia, requiere de autoridades con la capacidad de distinguir las condiciones de su tiempo y dejar constancia de la responsabilidad y valor de la universidad pública, una universidad como la nuestra requiere y merece autoridades que defiendan la generación del conocimiento crítico, participativo y comprometido con los grandes problemas del país como marca nuestra ley orgánica.
Sin embargo, esto no es así. El Dr. José Lema Labadie, actual rector de nuestra universidad, ha callado sobre las indignantes agresiones de las que ha y sigue siendo sujeto Ramsés. Al más puro estilo foxista de la penosa y criticada frase “¿y yo porqué?”, el Dr. Lema se convierte en un cómplice de estas vejaciones. ¿Qué garantías institucionales existen para que las investigaciones sociales o naturales que realizan nuestros académicos y estudiantes en territorios con conflictos sociales no desemboquen en crímenes contra nuestros miembros?, ¿Qué garantías institucionales existen para los investigadores y estudiantes que analizan un movimiento social contrario a los intereses de los sectores poderosos y privilegiados del país, no sean vinculados y en consecuencia criminalizados por sus intereses académicos?, ¿Qué garantías institucionales existen para que la participación crítica, directa y comprometida de cualquier miembro de nuestra comunidad universitaria sea respaldada por la confianza en la formación y pensamiento que se genera en nuestra universidad consecuente con las necesidades de nuestro tiempo?, ¿Qué garantías institucionales existen para que los defensores de los derechos individuales, humanos, laborales, comunitarios, de género y universitarios que pertenecen a nuestra universidad puedan realizar su labor amparadas por la vocación justa y pública que dio origen y sentido a nuestra casa de estudios?, ¿Qué garantías existen para que al interior de nuestra universidad las manifestaciones en defensa de estos mismos derechos no sean reprimidas con amenazas (como hoy pasa en la Unidad Iztapalapa) similares a las que realiza el Estado con los que critican sus políticas?
La respuesta a todas estas preguntas es la misma: el silencio no garantiza nada.
Por desgracia el mutismo institucional de nuestras actuales autoridades no es nuevo. El año pasado, Luis Eduardo Cisneros, también estudiante de la Unidad Xochimilco, fue secuestrado y asesinado por la policía municipal del Chalco, su cuerpo apareció semanas después en el mismo forense que fue buscado por primera vez de tal modo que por la descomposición de sus restos fue imposible determinar que la tortura fue la causa de su muerte, sin embargo, las declaraciones e indagatorias posteriores apuntan en ese sentido. Luis Eduardo, también mostraba una responsable inquietud sobre los problemas sociales y la respuesta del Estado ante su activismo fue su muerte. Hoy no ha habido castigo a los responsables y el respaldo de las autoridades de nuestra universidad a este caso se manifestó tres semanas después de que la comunidad exigió al rector una tibia declaración. ¿Cuánto tendremos que esperar en esta ocasión?
Contrario a la actitud pasiva del Dr. Lema, en otras ocasiones estudiantes de licenciatura o posgrado y académicos de nuestra universidad han sido reprimidos por el Estado, ya sea con secuestro o encarcelamiento y en dichos casos las autoridades de inmediato ha respondido, si bien no de una forma contundente, si por lo menos exigiendo las garantías de nuestros compañeros y profesores. Similarmente, en otras universidades hermanas como la UNAM, la respuesta ante la represión estatal no se han hecho esperar, por ejemplo, recientemente el Dr. Narro declaró públicamente, partiendo del principio universal de inocencia, que si el ministerio público tuviera pruebas en contra de Lucia Morett las mostrara. Y similar al caso de Ramsés, no existen tales pruebas.
En los próximos meses el Dr. Lema dejará la rectoría de nuestra universidad y frente al mensaje que ha mandado el Estado, no solo a nuestra universidad, sino a todas las universidades públicas del país, nos debemos preguntar si el cuerpo unipersonal o colegiado que rige o regirá nuestra casa de estudios debe estar compuesto por estadistas o por burócratas. El Estado ha mandado un mensaje y la respuesta de toda la comunidad universitaria incluyendo a sus autoridades aún está en espera.
Castigo a los responsables de los crímenes cometidos contra Ramsés Villareal
Libertad a todos los presos políticos
Ningún joven más criminalizado por pensar
Estudiantes de la UAM
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