Dicen que los investigadores y sectores sociales nos referimos a la criminalización de la protesta cuando se da la aplicación del código penal, los delitos y penas que el mismo contempla, a modalidades de activismo y de la protesta social, con el fin de debilitarla o desorganizarla.
¿No han empezado a sospechar que esto está sucediendo cada vez mas en nuestro país?
Lo más grave de esta situación que les queremos plantear, es el terror que el gobierno en turno están infringiendo a cualquier sujeto que se digne a tener una posición crítica, dentro y fuera de las esferas académicas, dentro y fuera de las organizaciones sociales, los colectivos y grupos que trabajan para intentar transformar la decadencia en la que nuestra sociedad está inmersa, a través de esta práctica.
Ya no sólo se conforman con criminalizar la protesta de movimientos como el de los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra como lo hicieron en el 2001, si no que descaradamente hacen uso y desuso de la aplicación del código penal para detenerlos con acusaciones exageradas y justificar el uso de la violencia con la que reprimieron a este movimiento en el 2006, para imputarles penas máximas a los que el gobierno reconoce como lideres morales, o a los compañeros que les sirven para darle “una lección” a cualquier sujeto consciente o que estuviera de casualidad cerca de este movimiento: como es el caso de los compañeros que les imputaron más de 30 años de prisión y que se encuentran recluidos en el molino de flores.
Hacen uso y desuso de la aplicación del código penal para irrumpir en una comunidad y violentar todos sus espacios, detener con lujo de violencia a más de 200 personas que se encontraban en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo del año mencionado, hacen uso de los medios de comunicación para descalificar cualquier consciencia crítica y han dejado libres a los violadores y asesinos que perpetuaron esta barbarie.
Ya no solo se conforman con desacreditar a las comunidades zapatistas, si no que las aíslan, comunidades legítimamente autónomas: desde su composición de gobierno hasta su sustento económico, y las rodean de campos de concentración militares con el pretexto de combatir el narcotráfico, sin tener lógica en sus acciones.
Ya no solo se conforman con acusar de porros a los estudiantes que defendieron la legítima idea de una educación pública y gratuita, sino que ahora los acusan de terroristas, también, y así muchos ejemplos más podríamos poner.
Es claro que durante muchos años, los gobiernos que hemos padecido le sirven al capital, a las empresas privadas, a los monopolios y a los grupos de poder que gobiernan y aprovechan su posición para saquear al país. Como dice Francisco López Bárcenas en un artículo que escribió para La Jornada que se titula “La criminalización de la protesta social” y cito a la letra: Los resultados de estas prácticas ilegales de contención del descontento popular están a la vista. Cada día crece el número de detenidos en las cárceles mexicanas por su participación en movimientos populares, por más que las autoridades judiciales se esmeren en formular acusaciones para procesarlos por delitos comunes. De la misma manera aumentan las campañas de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos y asesores de quienes en esos grupos participan; así se busca deslegitimar sus esfuerzos en la defensa de sus derechos, pues quienes las fomentan saben que el mejor apoyo que éstos tienen para respaldar su labor es la opinión pública. Si esto no los convence de desistir de su empeño queda el recurso de la amenaza directa, contra ellos y sus familiares. Lamentablemente eso no es todo: junto con las detenciones, campañas de desprestigio y amenazas también aumenta el número de desaparecidos por motivos políticos.
En este contexto que estamos tratando de enmarcar, les queremos informar que el día miércoles detuvieron a un compañero de nuestra casa de estudios, un compañero consciente de la situación de nuestro país y familiarizado con las prácticas de los gobiernos que hemos presenciado muchos de nosotros. Este compañero se llama Ramses Villareal Gómez, estudiante de la carrera de sociología el año pasado y realiza actualmente su servicio social en la revista Argumentos que pública esta universidad.
Ramses, que por cierto, salió con uno de los mejores promedios de su generación, fue sacado de un microbús por un comando de la AFI, lo tuvieron dando vueltas por unas horas y fue presentado al MP que se encuentra por el metro camarones, hasta las diez y media de la noche lo dejaron comunicarse con su hermano a quien le informó que lo habían detenido, esto por las acciones directas acometidas contra cajeros automáticos, tienda de ropa, etc.
Todos los medios de comunicación oficiales ya tenían esta información y descalificando al compañero hicieron uso de su ventaja, enjuiciándolo antes de que él pueda refutar lo que se está diciendo.
Queremos mencionar que Ramses fue activo en la UNAM, en distintas acciones, lo que lo llevo a que lo expulsaran, la LIMEDH (Liga Mexicana de Derechos Humanos) en ese caso se pronuncio a su favor, y explico como las autoridades del a UNAM lo acusaron de porro, cuando sus acciones eran para denunciar y combatir a los porros. La información está en la red, pueden verificarla, ya que el gobierno está utilizando esta situación para descalificar al compañero.
Hay mucha información con datos muy imprecisos, por ejemplo dicen que la PGR tiene una identificación de él, una foto que sacaron de uno de los cajeros en donde se llevaron a cabo las acciones mencionadas, sólo que la foto que publican la pudieron tomar de cualquier cajero, y es su “prueba” más contundente para acusarlo de terrorismo, esto implicaría para el compañero de 6 a 40 años de prisión, por cierto la foto que publican, los que llegamos a conocerlo no la reconocemos, es decir no tienen sustento, y los medios de comunicación se están encargando de enrarecer más la situación, ligándolo con organizaciones de acción directa, las cuales ya deslindaron a Ramses de sus acciones.
No tenemos nada en contra de los colectivos u organizaciones que utilizan la vía de la acción directa o métodos de confrontación, es otra forma de lucha para nosotros legítima, sin embargo sabemos que no es la forma de accionar de Ramses.
La esposa del compañero, también nos refirió que durante la detención le fue ofrecida la oportunidad de ser testigo protegido a cambio de que señalara a otros activistas, fue presionado psicológicamente con torturarlo, asesinarlo, violar a su esposa y detener a sus familiares.
El día viernes 2 de octubre, gracias al trabajo realizado por el colectivo de abogados zapatistas que tomaron el caso de Ramsés, y frente a la incapacidad del Ministerio Público de fabricar pruebas y a la ilegalidad de su detención un juez, consecuente con la ley, ordenó su inmediata liberación, sin embargo, las falsas acusaciones de las que ha sido sujeto Ramsés siguen vigentes al igual que decenas de luchadores sociales quienes se ven reprimidos con la amenaza de activar las ordenes de aprehensión que penden sobre sus cabezas si realizan actos críticos en contra de los malos gobiernos. Estrategia bastante conocida en el país.
Compañeros, esta situación es muy complicada pero necesariamente la tienen que conocer, es un estudiante de esta casa de estudios, y creemos que es indispensable que nos demos cuenta de cómo se vienen las cosas para los siguientes años y en especifico para algunos sectores, como el nuestro.
Creemos que cualquiera que sea estudiante puede llegar a encontrarse con esta situación, la lógica con la que se ha manejado este gobierno, no le garantiza a nadie estar exento de estos atropellos, por lo que consideramos indispensable pronunciarnos y exigir a las autoridades de la universidad que se pronuncie en contra de esta ilegalidad y que intervengan por el compañero, que los abogados de la UAM auxilien a Ramses en esta barbarie que se está cometiendo.
Si dejamos que este contexto avance, los estudiantes nos encontraremos en una situación peligrosa para los años que vienen, ya que estamos siendo violentados en nuestras garantías individuales y sería posible que se repitiera la consigna, que hace ya más de cuarenta años se padeció en las universidades de nuestro país, es decir, seriamos sinónimo de revuelta por el conocimiento que nos ha dado nuestra formación universitaria y por lo tanto, un blanco fácil para estos grupos de poder y sus prácticas.
Aprendamos de lo que sucedió hace tres años en San Salvador Atenco, en donde muchos de los compañeros y compañeras que fueron detenidos, solo salían a sus actividades cotidianas y aun así fueron reprimidos, este gobierno no distingue, a quien participa, y a quien no, a la hora de reprimir.
Necesitan justificar sus jugarretas y no dejar que nuestro pueblo, se dé cuenta de lo que está pasando en los distintos sectores de nuestra sociedad, prefieren descalificar a toda costa, cualquier intento de expresión crítica, no distingue entre una participación, consciente, solidaria o activa, más aun no distinguen el que no se haya participado en los hechos, como le está sucediendo a este compañero, sólo reprime y justifica sus acciones.
Si dicen que la criminalización de la protesta es la aplicación del código penal a conveniencia, este es un caso claro. El gobierno Federal no tiene a quién inculpar físicamente, por las acciones que estas organizaciones han llevado a cabo, y su desesperación por la rendición de cuentas que les están exigiendo los poderosos, les hizo buscar a un chivo expiatorio, para poder simular un ambiente de “seguridad, que tanto requiere nuestra ciudad”.
No se les ha ocurrido pensar que la violencia que se está manifestando en nuestra sociedad, deviene de la falta de respuestas de su gobierno a la crisis que estamos padeciendo, del descaro con el que se presentan, saqueando nuestro país sin ninguna reprimenda legal, de la sobrexplotación laboral que practican sus empresarios y monopolios, y por supuesto de la misma represión con la que han contestado a las diversas manifestaciones de inconformidad que se dan.
Pero si queda claro a quién le deben lealtad, ya que las acciones que se han ejecutado, son acciones que se han hecho en contra de sus elites empresariales, no se ha violentado al pueblo, ni dañado su integridad.
Entonces a quién está defendiendo este gobierno, qué entiende por “terrorismo” y más aun, a quién están mandándole un mensaje las organizaciones que se adjudicaron los hechos, ¿Al pueblo o a estos grupos de poder que han venido saqueando nuestro país?
Repetimos:
¿A quién defiende el gobierno y de quién los defiende?
Castigo a los responsables de los crímenes cometidos contra Ramsés Villareal
Libertad a todos los presos políticos de todo el país
Ningún joven más criminalizado por pensar
¿No han empezado a sospechar que esto está sucediendo cada vez mas en nuestro país?
Lo más grave de esta situación que les queremos plantear, es el terror que el gobierno en turno están infringiendo a cualquier sujeto que se digne a tener una posición crítica, dentro y fuera de las esferas académicas, dentro y fuera de las organizaciones sociales, los colectivos y grupos que trabajan para intentar transformar la decadencia en la que nuestra sociedad está inmersa, a través de esta práctica.
Ya no sólo se conforman con criminalizar la protesta de movimientos como el de los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra como lo hicieron en el 2001, si no que descaradamente hacen uso y desuso de la aplicación del código penal para detenerlos con acusaciones exageradas y justificar el uso de la violencia con la que reprimieron a este movimiento en el 2006, para imputarles penas máximas a los que el gobierno reconoce como lideres morales, o a los compañeros que les sirven para darle “una lección” a cualquier sujeto consciente o que estuviera de casualidad cerca de este movimiento: como es el caso de los compañeros que les imputaron más de 30 años de prisión y que se encuentran recluidos en el molino de flores.
Hacen uso y desuso de la aplicación del código penal para irrumpir en una comunidad y violentar todos sus espacios, detener con lujo de violencia a más de 200 personas que se encontraban en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo del año mencionado, hacen uso de los medios de comunicación para descalificar cualquier consciencia crítica y han dejado libres a los violadores y asesinos que perpetuaron esta barbarie.
Ya no solo se conforman con desacreditar a las comunidades zapatistas, si no que las aíslan, comunidades legítimamente autónomas: desde su composición de gobierno hasta su sustento económico, y las rodean de campos de concentración militares con el pretexto de combatir el narcotráfico, sin tener lógica en sus acciones.
Ya no solo se conforman con acusar de porros a los estudiantes que defendieron la legítima idea de una educación pública y gratuita, sino que ahora los acusan de terroristas, también, y así muchos ejemplos más podríamos poner.
Es claro que durante muchos años, los gobiernos que hemos padecido le sirven al capital, a las empresas privadas, a los monopolios y a los grupos de poder que gobiernan y aprovechan su posición para saquear al país. Como dice Francisco López Bárcenas en un artículo que escribió para La Jornada que se titula “La criminalización de la protesta social” y cito a la letra: Los resultados de estas prácticas ilegales de contención del descontento popular están a la vista. Cada día crece el número de detenidos en las cárceles mexicanas por su participación en movimientos populares, por más que las autoridades judiciales se esmeren en formular acusaciones para procesarlos por delitos comunes. De la misma manera aumentan las campañas de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos y asesores de quienes en esos grupos participan; así se busca deslegitimar sus esfuerzos en la defensa de sus derechos, pues quienes las fomentan saben que el mejor apoyo que éstos tienen para respaldar su labor es la opinión pública. Si esto no los convence de desistir de su empeño queda el recurso de la amenaza directa, contra ellos y sus familiares. Lamentablemente eso no es todo: junto con las detenciones, campañas de desprestigio y amenazas también aumenta el número de desaparecidos por motivos políticos.
En este contexto que estamos tratando de enmarcar, les queremos informar que el día miércoles detuvieron a un compañero de nuestra casa de estudios, un compañero consciente de la situación de nuestro país y familiarizado con las prácticas de los gobiernos que hemos presenciado muchos de nosotros. Este compañero se llama Ramses Villareal Gómez, estudiante de la carrera de sociología el año pasado y realiza actualmente su servicio social en la revista Argumentos que pública esta universidad.
Ramses, que por cierto, salió con uno de los mejores promedios de su generación, fue sacado de un microbús por un comando de la AFI, lo tuvieron dando vueltas por unas horas y fue presentado al MP que se encuentra por el metro camarones, hasta las diez y media de la noche lo dejaron comunicarse con su hermano a quien le informó que lo habían detenido, esto por las acciones directas acometidas contra cajeros automáticos, tienda de ropa, etc.
Todos los medios de comunicación oficiales ya tenían esta información y descalificando al compañero hicieron uso de su ventaja, enjuiciándolo antes de que él pueda refutar lo que se está diciendo.
Queremos mencionar que Ramses fue activo en la UNAM, en distintas acciones, lo que lo llevo a que lo expulsaran, la LIMEDH (Liga Mexicana de Derechos Humanos) en ese caso se pronuncio a su favor, y explico como las autoridades del a UNAM lo acusaron de porro, cuando sus acciones eran para denunciar y combatir a los porros. La información está en la red, pueden verificarla, ya que el gobierno está utilizando esta situación para descalificar al compañero.
Hay mucha información con datos muy imprecisos, por ejemplo dicen que la PGR tiene una identificación de él, una foto que sacaron de uno de los cajeros en donde se llevaron a cabo las acciones mencionadas, sólo que la foto que publican la pudieron tomar de cualquier cajero, y es su “prueba” más contundente para acusarlo de terrorismo, esto implicaría para el compañero de 6 a 40 años de prisión, por cierto la foto que publican, los que llegamos a conocerlo no la reconocemos, es decir no tienen sustento, y los medios de comunicación se están encargando de enrarecer más la situación, ligándolo con organizaciones de acción directa, las cuales ya deslindaron a Ramses de sus acciones.
No tenemos nada en contra de los colectivos u organizaciones que utilizan la vía de la acción directa o métodos de confrontación, es otra forma de lucha para nosotros legítima, sin embargo sabemos que no es la forma de accionar de Ramses.
La esposa del compañero, también nos refirió que durante la detención le fue ofrecida la oportunidad de ser testigo protegido a cambio de que señalara a otros activistas, fue presionado psicológicamente con torturarlo, asesinarlo, violar a su esposa y detener a sus familiares.
El día viernes 2 de octubre, gracias al trabajo realizado por el colectivo de abogados zapatistas que tomaron el caso de Ramsés, y frente a la incapacidad del Ministerio Público de fabricar pruebas y a la ilegalidad de su detención un juez, consecuente con la ley, ordenó su inmediata liberación, sin embargo, las falsas acusaciones de las que ha sido sujeto Ramsés siguen vigentes al igual que decenas de luchadores sociales quienes se ven reprimidos con la amenaza de activar las ordenes de aprehensión que penden sobre sus cabezas si realizan actos críticos en contra de los malos gobiernos. Estrategia bastante conocida en el país.
Compañeros, esta situación es muy complicada pero necesariamente la tienen que conocer, es un estudiante de esta casa de estudios, y creemos que es indispensable que nos demos cuenta de cómo se vienen las cosas para los siguientes años y en especifico para algunos sectores, como el nuestro.
Creemos que cualquiera que sea estudiante puede llegar a encontrarse con esta situación, la lógica con la que se ha manejado este gobierno, no le garantiza a nadie estar exento de estos atropellos, por lo que consideramos indispensable pronunciarnos y exigir a las autoridades de la universidad que se pronuncie en contra de esta ilegalidad y que intervengan por el compañero, que los abogados de la UAM auxilien a Ramses en esta barbarie que se está cometiendo.
Si dejamos que este contexto avance, los estudiantes nos encontraremos en una situación peligrosa para los años que vienen, ya que estamos siendo violentados en nuestras garantías individuales y sería posible que se repitiera la consigna, que hace ya más de cuarenta años se padeció en las universidades de nuestro país, es decir, seriamos sinónimo de revuelta por el conocimiento que nos ha dado nuestra formación universitaria y por lo tanto, un blanco fácil para estos grupos de poder y sus prácticas.
Aprendamos de lo que sucedió hace tres años en San Salvador Atenco, en donde muchos de los compañeros y compañeras que fueron detenidos, solo salían a sus actividades cotidianas y aun así fueron reprimidos, este gobierno no distingue, a quien participa, y a quien no, a la hora de reprimir.
Necesitan justificar sus jugarretas y no dejar que nuestro pueblo, se dé cuenta de lo que está pasando en los distintos sectores de nuestra sociedad, prefieren descalificar a toda costa, cualquier intento de expresión crítica, no distingue entre una participación, consciente, solidaria o activa, más aun no distinguen el que no se haya participado en los hechos, como le está sucediendo a este compañero, sólo reprime y justifica sus acciones.
Si dicen que la criminalización de la protesta es la aplicación del código penal a conveniencia, este es un caso claro. El gobierno Federal no tiene a quién inculpar físicamente, por las acciones que estas organizaciones han llevado a cabo, y su desesperación por la rendición de cuentas que les están exigiendo los poderosos, les hizo buscar a un chivo expiatorio, para poder simular un ambiente de “seguridad, que tanto requiere nuestra ciudad”.
No se les ha ocurrido pensar que la violencia que se está manifestando en nuestra sociedad, deviene de la falta de respuestas de su gobierno a la crisis que estamos padeciendo, del descaro con el que se presentan, saqueando nuestro país sin ninguna reprimenda legal, de la sobrexplotación laboral que practican sus empresarios y monopolios, y por supuesto de la misma represión con la que han contestado a las diversas manifestaciones de inconformidad que se dan.
Pero si queda claro a quién le deben lealtad, ya que las acciones que se han ejecutado, son acciones que se han hecho en contra de sus elites empresariales, no se ha violentado al pueblo, ni dañado su integridad.
Entonces a quién está defendiendo este gobierno, qué entiende por “terrorismo” y más aun, a quién están mandándole un mensaje las organizaciones que se adjudicaron los hechos, ¿Al pueblo o a estos grupos de poder que han venido saqueando nuestro país?
Repetimos:
¿A quién defiende el gobierno y de quién los defiende?
Castigo a los responsables de los crímenes cometidos contra Ramsés Villareal
Libertad a todos los presos políticos de todo el país
Ningún joven más criminalizado por pensar
